A la sociedad toda - La Otra Universidad

La grave situación de tensión y violencia que se está viviendo en las zonas rurales de nuestro país merece nuestra atención, nuestro apoyo y nuestra acción comprometida.

El miércoles pasado, las fuerzas del orden público, a cargo del Fiscal Humberto Rosseti, atropellaron comunidades campesinas de Minga Guazú: la ocupación de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná –ASAGRAPA- frente a la comunidad El Triunfo, y el campamento de la Alianza Campesina y Movimiento Agrario del Paraguay –MOAPA- en el kilómetro 32 de la ruta VII. Ambos se encontraban en reclamo de parcelas de tierra malhabidas. La Fiscalía procedió a un violento desalojo, dejando un saldo de heridos.

Esto no puede pasar como un acto de "normalidad", y debemos entenderlo como la manipulación de los hechos para la criminalización de las luchas sociales, y como la justificación de la violencia que caracteriza al avance agresivo del monocultivo mecanizado de productos agrícolas, que contamina irremediablemente el ambiente y expulsa a la población campesina de sus comunidades.

El conflicto que representa este modelo excluyente se ve agravado por las amenazas realizadas en medios públicos por parte de los gremios de la producción, quienes ven sus intereses afectados. Mientras los sectores campesinos organizados se encuentran resistiendo al avance de este modelo, el gobierno con su silencio legitima la violencia ejercida por los gremios de la producción y criminaliza la lucha campesina por la defensa del medio ambiente y de la vida.

No podemos permitir que el monocultivo mecanizado siga destruyendo el ambiente y las comunidades, llegando a atropellos directos a la vida humana con la excusa de la defensa de la propiedad privada. ¿Cuántas de las tierras de las "propiedades privadas" del país son legales? Las tierras ocupadas son tierras malhabidas. El estado, en vez de rastrear y expropiar a los verdaderos invasores -que hoy se arrogan derechos de "propietarios"- de manera a devolver estas tierras a sus legítimos dueños, sigue repitiendo la misma práctica de represión, apresamiento y asesinato de los compañeros que luchan por la construcción de un Paraguay para las mayorías.

Amenazas a dirigentes

Los gremios de productores están realizando una dura campaña de desinformación, acusando a las organizaciones de generar un clima de desestabilización, sin embargo, son los grupos para estatales autodenominados de "seguridad ciudadana", los que actúan con violencia y bajo un manto de impunidad de autoridades policiales y judiciales.

En los distritos de Yhú y Vaquería, compañeros del Movimiento Agrario Popular –MAP- han sido objeto de amenazas de muerte por parte de Rufino Benítez, quien encabeza la comisión de seguridad de la zona y está al servicio del intendente de Vaquería –que tiene plantaciones de soja en el distrito de Yhú. El mismo ha violentado a varios miembros de organizaciones campesinas, siendo el último hecho denunciado, el atropello a un joven comunicador que intentaba realizar su programa diario en la radio Continental 89.5.

Estos hechos no son aislados y forman parte de la campaña emprendida por el sector de los agroexportadores, cuyo objetivo es que en el campo se genere una situación de violencia física generalizada, adjudicando ésta a la falsa intención desestabilizadora de organizaciones campesinas.

Advertimos a la ciudadanía y a los compañeros y compañeras de diversas organizaciones populares, que cualquier hecho de violencia, es fruto del proceder terrorista de los productores sojeros y del manto de impunidad que el Gobierno actual les ofrece.

Es por esto que desde las organizaciones sociales debemos asumir el compromiso de defender la lucha por la tierra y la integridad física de compañeros y compañeras. Instamos a mantener una posición firme contra la violencia de este sistema excluyente avalado históricamente desde el estado.

Nos solidarizamos, acompañamos y acompañaremos la lucha.

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